Sandra Ortiz Nova pasó de ser una persona cercana a la Casa de Nariño a pisar un cantón militar, después de que la Juez 3 de Control de Garantías de Bogotá la cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario. 

Ortiz fue privada de la libertad por su presunta participación en los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD).

Para la operadora de justicia lo expuesto por la Fiscalía prevalece sobre lo manifestado por la defensa de la exconsejera para las Regiones. 

Sandra Ortiz resultó inmiscuida en este escándalo luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, declarara ante la justicia que ella fue la mensajera para llevar los $3.000 millones entregados, supuestamente, al entonces presidente del Senado de la República, Iván Name Vásquez.

Este dinero, indicó la Fiscalía, tenía como finalidad que Name impulsara las reformas que el Gobierno había radicado en el Congreso en ese periodo legislativo.

Un dato no menor es que Name, Sandra Ortiz y otro mencionado en este asunto, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, son de la Alianza Verde. 

La historia del proceso

Tras dejar su cargo de Consejera para las Regiones en mayo, el 29 de noviembre la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

El ente acusador señaló durante su sustentación para solicitar la medida de aseguramiento que Ortiz hizo parte de una organización criminal para desviar millonarios fondos de la UNGRD, que debían destinarse a la atención de desastres.

Además, Ortiz habría sido responsable de un encuentro entre Name y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, el 23 de septiembre del año pasado para generar la confianza que terminó en el supuesto desembolso, que habría tenido lugar en octubre del año pasado. 

La Fiscalía aseveró que en esa reunión en septiembre también se habría concretado un soborno para Name a cambio de la adición de $11.000 millones de un contrato de la UNGRD en el municipio de Piojó, Atlántico.

El ente acusador también mencionó que cuatro días antes del encuentro de López y Name, Sandra Ortiz tuvo una reunión con Olmedo en la Casa de Nariño.

Fuego cruzado entre Sandra Ortiz y Laura Sarabia

Mientras se realizaba la audiencia de hoy, Sandra Ortiz intervino y afirmó que ella denunció la corrupción a Laura Sarabia, la mano derecha del Presidente Gustavo Petro.

“Si yo me hubiese dado cuenta de eso inmediatamente lo hubiese denunciado y también quiero decir que el 15 de abril la Corte nos citó y yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques, después de que la periodista Paula Bolívar denunciara los 30 carrotanques, a mí me avisaron 10 más”, expresó.

Continuó diciendo que “le avisé a Laura Sarabia de 10 carrotanques más, entonces señora juez, nunca, jamás... soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira, nosotros sabíamos el compromiso como Gobierno. Esos señores (Olmedo López y Sneyder Pinilla) son mentirosos, fue una cortina de humo, mi compromiso con La Guajira está ahí”.

Pero lo más grave de lo expuesto por Ortiz fue cuando aseguró que una mujer dentro del círculo de Petro creó un complot en su contra.

“Las personas que están implicadas hoy no están acá y nunca las van a mencionar, porque es un mecanismo de ellos y otras personas. Yo soy su chivo expiatorio y esa persona que tiene mucho poder en la presidencia, está al lado del Presidente y ella fue la que armó el complot para que estuviera acá. Estoy preocupada por mi seguridad", sentenció.

Rápidamente Sarabia se pronunció ante los medios y sostuvo que "lo único que he hecho como funcionaria pública y directora del Dapre desde el 28 de febrero es responder y cumplir a cabalidad los requerimientos de las autoridades judiciales. Más allá de eso, es una historia fantasiosa que no tiene pruebas, el que las hace se las imagina".

También recordó que con su llegada al Dapre pidió la renuncia de Olmedo López y que toda la contratación de la UNGRD fuera suspendida. 

Cabe destacar que por este escándalo fueron asegurados Olmedo y Sneyder Pinilla, aunque sus lugares de reclusión son cantones militares. 

Además, Ricardo Bonilla renunció al Ministerio de Hacienda para centrarse en su defensa, mientras que los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera son investigados formalmente por la Corte Suprema.